MOROSOS - El IPV endurecerá las medidas contra los históricos deudores

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) aseguró que en los últimos años los niveles de morosidad que se registraron históricamente sobre el pago de las viviendas construidas por el Estado disminuyeron, sin embargo sostienen que continúan siendo altos e impiden el recupero del gasto. 

Es por esto que se decidió cambiar las reglas de juego y endurecer las medidas contra quienes deben desde hace años o bien nunca pagaron su casa. Hasta ahora estaba sujeto a la voluntad del deudor.

El administrador, Dante López Rodríguez, señaló que se comenzó a trabajar fuertemente con el objetivo de cobrar la deuda. Según recordó, la morosidad disminuyó a partir de 2011 con la incorporación de requisitos indispensables para la adjudicación como el cobro por débito automático y la incorporación de un co-deudor del Estado provincial.
Sin embargo, y pese a las políticas implementadas para el recupero, en cuanto a la refinanciación de la deuda y las operativas para cancelación, muchos morosos nunca concurrieron a regularizarla.
Según indicó el funcionario, hasta 2011 la morosidad alcanzaba al 60% de las viviendas adjudicadas, mientras que solo un 40% se recuperaba. “Empezamos a trabajar fuertemente con el débito y a cumplir con la reglamentación nacional. Porque Nación exige que vayan dentro de un débito para que ese recupero sea reinvertido en la provincia”, dijo López Rodríguez, lo que permitió que la morosidad bajara y hoy representa un 11% para aquellos casos en que cuentan con el débito automático y un 30% para aquellos casos que pagan con talonarios.
Pero las nuevas políticas nacionales para la financiación de viviendas puso en jaque el recupero de gasto. Según indicó, la necesidad de disponer de fondos llevó a que el organismo aceite los mecanismos para recuperar los miles de pesos que se pierden.
“Con los programas de cancelación permitíamos que una persona que pagaba una cuota de $100, accediera a un financiamiento del saldo con reducciones de entre el 20 y hasta un 50% de la deuda”, destacó el funcionario, aunque admitió que la operatoria sirvió pero sigue siendo alta la cantidad de gente que nunca pagó.
Luego de tres años de trabajo con moratorias, “hoy estamos empezando otro trabajo. A los que no se adhirieron los convocamos para ver de trabajar de otra manera. Se realizarán visitas en los barrios, se convocará a la gente a que se presente en el IPV para ver su situación en particular”, adelantó. Mientras que indicó que en los casos más extremos en que no se logre que el beneficiario acceda a la regularización podrían ser afectados en la firma. “De alguna manera vamos a incorporarlos en algún sistema para que esa persona que tiene una morosidad con el IPV no pueda sacar un crédito en otro lado”, dijo.
Para avanzar señaló que ya se realizaron intimaciones en algunas de las modalidades con las que cuenta el organismo, como sucedió con los programas de financiación individual y se avanzará con el resto de los programas para llegar al beneficiario.
“Por ejemplo en las 920 viviendas, la cuota mensual ronda en los $35 y $45. Que deba una persona que paga una cuota de $45 es una locura”, dijo.
Pero además de la presión para los morosos, el organismo comenzó a implementar a partir de este año la actualización del precio de la vivienda, es decir que el valor de la cuota mensual que es financiada sufrirá variaciones año a año, a partir del cálculo del valor de la construcción, pero se tendrá en cuenta el índice inflacionario y de esta manera, la variación en la cuota no podrá superar la paritaria establecida.
Por ejemplo, las viviendas que ya fueron entregadas, en febrero del próximo año tendrán una actualización de costos, mientras que antes las 300 cuotas en las que financiaba la vivienda el IPV eran fijas. “La actualización de precios se comenzará a aplicar desde ahora porque ya cumplimos con todos los pasos legales. Las que ya hemos entregado se actualizarán en febrero del año que viene”, dijo.
A diciembre de este año, una vivienda estándar de 55 metros cuadrados para Catamarca tenía un costo de un millón cien pesos; al cambiar el valor producto de la inflación y el aumento en los materiales, ese aumento será trasladado a la cuota.
El administrador señaló que las políticas nacionales para la financiación de viviendas fueron cambiando y mientras antes las obras otorgadas incluían la financiación de las viviendas al 100%, ahora solo lo hacen al 70% y la provincia debe aportar el 30%. A esto se sumó que Nación pretende la creación de un fideicomiso para el ingreso de fondos de recupero de todas las provincias para una posterior redistribución.
López Rodríguez señaló que la provincia planteó la creación de un fideicomiso provincial, que permita en forma particular el recupero y la autofinanciación, que aún es materia de discusión.