CAMYEN & FABRICACIONES MILITARES - Un fiscal pidió desestimar la causa

El fiscal federal Santos Reynoso solicitó la desestimación de la causa por fraude al Estado nacional que la Dirección de Fabricaciones Militares le inició a CAMYEN. 


Lo hizo tras considerar que no se pueden comprobar los hechos fraudulentos y que la estatal minera local tenía absoluta libertad para comercializar la piedra. Además, la firma de un nuevo convenio con un canon fijo que rige desde el año pasado fue un atenuante.

Ahora lo tiene que resolver el juez federal Miguel Ángel Contreras. Según explicaron desde la Justicia Federal, la solicitud ingresó al Juzgado el último día hábil del año pasado y en los próximos días estará en manos de Contreras para su análisis.
En 2016, la DGFM denunció una supuesta maniobra defraudatoria a los efectos de reducir el valor del canon del 3% del valor de venta que debía pagar CAMYEN por los derechos de explotación de Minas Capillitas. Según explicó el secretario de Fiscalía, Edgardo Bulacio Sánchez, para la causa se dispusieron veedores de la DGFM que efectuaron una auditoría integral del funcionamiento de CAMYEN, desde la extracción del recurso hasta su pulido y llegada al stock. "El informe señaló un faltante de 7.712 kilos de rodocrosita, que surge de la comparación del material extraído y las facturas de venta. Sin embargo, conforme allanamientos de los depósitos, se encontró un stock de 34.000 kilos, es decir que ese faltante podría tranquilamente estar comprendido entre los kilos que tiene CAMYEN en los depósitos", explicó el funcionario.
Además, recordó que se denunciaron las bonificaciones que hacía la empresa, como descuentos y otros subsidios. "La empresa no es ajena a la política comercial de cualquier empresa, hace promociones y descuentos sujeta a la política minera de la provincia. Uno de los objetos de su creación es promover el desarrollo de la actividad minera de Catamarca y a raíz de ello se hicieron donaciones para exposición en el mercado, descuentos a artesanos locales, etc. La DGFM consideró que eso afectaba el pago del canon y que estaba prohibido. Sin embargo, analizados los convenios, no existió nunca una prohibición expresa de hacer un régimen promocional de piedra, de descuentos o donaciones. Nunca esas liberalidades fueron prohibidas por el titular del recurso", precisó.
"La explotación estaba a cargo exclusivo de CAMYEN, con libertad total para la fijación del precio, y detectamos que los descuentos y bonificaciones no fueron caprichosos ni arbitrarios, ya que encontramos actas de directorio que las fundamentaban", explicó.
"Resulta un sinsentido que quien constituye un acto de fraude lo deje constituido en actas como lo hacía CAMYEN. De hecho, el año pasado se firmó un convenio entre CAMYEN y la DGFM pactando un cargo fijo de canon. Si uno denuncia un fraude, no acuerdo luego con la misma persona", opinó.
Competencia
Por otra parte, explicó que la competencia del Juzgado Federal es a modo de excepción porque se investigaba el destino de un dinero que corresponde a la Nación. "En lo que hace a las irregularidades denunciadas respecto a la reventa de los artesanos y otras cuestiones que se denunciaron en el fuero local, escapan a la excepción que se nos dio y están siendo investigadas en el orden provincial", dijo.