ORDENANZA ANTIMINERA: "El conflicto es social y no una cuestión legal" admitió Lobo Vergara

El diputado provincial Luis Lobo Vergara, cuestionó los dichos del ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, donde afirmaba que la ordenanza del CD de Andalgalá era inconstitucional.
El legislador advirtió que con ese planteo "el Gobierno le esquiva al tema central, que es el conflicto minero - ambiental en Andalgalá”.
"Lo que se cuestiona es la falta del requisito esencial de cualquier emprendimiento minero, que es la licencia social; no es casualidad que se hayan expresado en forma unánime todos los concejales de Andalgalá, más allá de la ideología política.
La sanción de esta ordenanza que termina siendo un clamor de la propia sociedad de la localidad, porque el conflicto es un conflicto social y no una cuestión legal", sostuvo el legislador.
Más adelante, comentó que "el Gobierno tiene que asumir la responsabilidad por este tema y encarar el proceso que corresponde, dándole la información y las garantías a la sociedad de cómo va a ser la inversión minera en Andalgalá".
Lobo Vergara consideró que la ordenanza "es una declaración que tiene un claro componente social" y en ese marco consideró que "se deben generar los consensos necesarios para reencauzar el tema minero en este departamento, porque no es la misma posición en Andalgalá que en Belén".
Si bien consideró que no se puede negar la condición minera de la Provincia, sostuvo que "también es cierto que en muchos casos en base a la experiencia que se vivió en Catamarca mucha de la sociedad está descreída de la utilización de los fondos mineros".
"El Gobierno, que ha sido elegido por el pueblo de la Provincia para administrar el Estado, se tiene que ocupar y preocupar en llevar tranquilidad a la sociedad", manifestó y agregó: "Quienes se sienten preocupados por la situación minera tienen todo su derecho de expresarlo y una forma de hacer un llamado de atención ha sido a través de esta herramienta".

"Falta de diálogo"
Por su parte, el dirigente radical Alfredo Marchioli sostuvo que la ordenanza del CD andalgalense se sustenta en la realidad social y los planteos constantes de los vecinos del Oeste. En este marco, el referente de la Renovación Radical Popular (RRAP), remarcó que esta situación se dio por la "falta de diálogo, respuestas y conducción de quienes tienen la máxima responsabilidad de llevar a cabo la política minera en Catamarca", sumado al cierre de Minera Alumbrera y la "carencia de programas destinados a la generación de emprendimientos productivos para menguar el impacto socioeconómico asociado al cierre del proyecto minero".
"Quizás sea positivo que esto haya ocurrido y más allá de cuestionar la legalidad de la norma, la expresión es legítima y materializa la insatisfacción social con el modelo de desarrollo minero actual", consideró.

Más adelante sostuvo: "Esto puede remediarse siempre y cuando como sociedad logremos interpretar adecuadamente la situación y satisfacer las expectativas de los andalgalenses y del resto de los catamarqueños del Oeste".