La desición la tomó el juez de Control de Garantías Rodolfo Cecenarro.
El juez de Control de Garantías de la Segunda Circunscripción dictaminó a favor del recurso de amparo presentado por ambientalistas y suspendió todo tipo de actividades en el proyecto minero Agua Rica, ubicado en los nevados de Aconquija, Andalgalá.
El
juez, en idéntico sentido del fallo emitido en marzo por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, que hizo lugar al recurso de queja presentado
en noviembre de 2012.
La medida adoptada será hasta tanto se determine si el proyecto "es
viable o no respecto del ambiente mediante una Declaración de Impacto
Ambiental".
En los argumentos, Cecenarro señala que la resolución de la
Secretaría de Minería aprobó el informe sin tener en cuenta las
objeciones señaladas en el mismo acto por la autoridad de aplicación. Es
que en marzo de 2009 la Secretaría de Minería, a cargo de José Sinner,
aprobó de manera condicionada ese informe, mediante la Resolución
035/09, y para el juez "se autoriza el emprendimiento sin haberse
salvado en forma previa las objeciones señaladas". Además, señala que
este año el mismo organismo emitió una resolución (la Nº 390/16) con la
que se deja sin efecto la Nº 35/09. "Por lo tanto, al no existir
estudios, las actividades deben suspenderse", expresa.
"Dado que se persigue un bien colectivo como el ambiente sano y
equilibrado, resulta indispensable la prevención del daño futuro
mediante la realización del estudio de impacto ambiental previo al
inicio de las actividades mineras, a fin de evitar consecuencias sobre
las que existe cierta seguridad de que pueden suceder", explica el
fallo.
Además, se señala que "el principio de precaución refiere que ante
el peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o
certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas para impedir la degradación del ambiente".
La medida aún puede ser apelada y en caso de que se hiciera lugar la causa debería ser elevada a la Cámara de Apelaciones.
Sintonía con la Corte Suprema
En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
hizo lugar al recurso de queja presentado en noviembre de 2012 por los
Vecinos Autoconvocados de Andalgalá contra una sentencia de la Corte de
Justicia Catamarca, que había rechazado un amparo presentado en 2010
para parar las actividades en el yacimiento Agua Rica. El tribunal
ordenó a la Corte local emitir un nuevo pronunciamiento al respecto,
mediante sentencia firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena
Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
La Corte Suprema consideró que la resolución 35/09 en tanto aprueba
el estudio en forma condicional, "admite la existencia de problemas
ambientales que la empresa debía solucionar antes de iniciar los
trabajos para explotar la mina", y que se puede producir un daño grave
al medio ambiente que puede llegar a ser de imposible reparación en el
futuro.
Además, señaló que el Tribunal Provincial "no tuvo en cuenta que,
de acuerdo con lo establecido en la ley 25.675, toda obra o actividad
que sea susceptible de degradar el ambiente estará sujeta a un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su
ejecución", y que "tampoco consideró que el Código de Minería establece
que los responsables de las actividades mineras deberán presentar ante
la autoridad de aplicación y antes del inicio de cualquier actividad un
Informe de Impacto Ambiental".
El trámite en la Corte Suprema demoró casi 40 meses. En el medio,
el expediente se giró a la Procuración General de la Nación, a cargo de
Alejandra Gils Carbó, en julio de 2013, donde estuvo hasta diciembre de
2014 cuando la procuradora dictaminó que debía admitirse el recurso de
amparo presentado por los vecinos.
Sergio Raúl Martínez, César Jair Cecenarro, Carmen Susana Chayle,
Raúl Francisco Martínez, María Esperanza Lizárraga, Graciela Clementina
Chayle, Gustavo Alfredo Chiapello, Rosa Mariana Rojas, Stella Maris
Rosana Lichtig, Mario Ismael Pacheco, Marcela Isabel Villagrán, María
Cristina Amarante y Néstor Edgardo Herrera, fueron los vecinos de
Andalgalá que iniciaron el proceso, representados por abogados de la
Asociación Civil Movimiento de Profesionales para los Pueblos por los
Derechos Humanos y Sociales.
